Diego Santilli anunció ajustes si no se derogan leyes de discapacidad
Luego de que se rechazara en Diputados el capítulo XI, que incluía la derogación de dos iniciativas importantes para el oficialismo, el funcionario nacional lanzó una advertencia: si no se logra “corregir” el presupuesto, se empezarán a hacer ajustes en otras partidas.
“El presupuesto es algo que necesitamos”, enfatizó. Añadió que los argentinos merecemos tener una hoja de ruta clara, un camino que seguir con un presupuesto donde el 85% se destine a jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad.
Por otro lado, se ha intensificado la presión desde la comunidad universitaria para que se reevalúen las partidas destinadas al financiamiento de las universidades nacionales. Estas demandas han llevado a marchas y protestas en busca de una actualización de salarios y becas. La situación refleja una preocupación palpable, especialmente desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada.
“Los argentinos deberíamos pelear por un presupuesto y creo que la mayoría de los gobernadores y senadores comparten esa inquietud”, comentó Santilli. En este contexto, el Ejecutivo busca convencer a los legisladores que responden a los mandatarios provinciales para conseguir los votos necesarios para aprobar el presupuesto.
En una charla reciente en “Pan y Circo”, un programa de Radio Rivadavia, el Ministro del Interior destacó que áreas como Salud, Educación y Discapacidad requieren aumentos que superan considerablemente la inflación. También criticó la existencia de leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, argumentando que “configuran un exceso de norma”.
Según Santilli, el marco regulatorio que estipula las pensiones por discapacidad podría llevar a crear hasta 1.600.000 nuevas pensiones, lo que considera insostenible. Respecto a la postura del Gobierno sobre estas leyes, admitió que hay un debate interno sobre si se deben derogar o corregir. “Si no se logra avanzar, hay que ajustarse en otras partidas”, agregó.
Revés para el Gobierno por el financiamiento universitario: otorgan cautelar para actualizar salarios docentes
La Justicia Federal intervino y otorgó una cautelar para la actualización de salarios docentes y becas en las universidades nacionales. Esta decisión llegó después de un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional, que cuestionó la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario dispuesta por el Poder Ejecutivo, afirmando que esto afecta directamente el funcionamiento del sistema educativo y el derecho a la educación.
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 aceptó la medida solicitada por el Consejo, obligando a cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Estas disposiciones establecen la actualización y recomposición de salarios para docentes y el ajuste de becas en función de la inflación.
Este fallo llega en un momento de gran tensión entre el sistema educativo y el Poder Ejecutivo. Después de la sanción de la nueva ley, el Gobierno decidió suspenderla mediante el Decreto 795/2023, argumentando que no se habían previsto los suficientes recursos para garantizar el financiamiento universitario. Esto hizo que se paralizaran, en la práctica, los aumentos salariales y de becas establecidos por la ley.
Frente a esta realidad, el Consejo Interuniversitario Nacional inició un proceso colectivo a finales de octubre de 2023 con dos objetivos claros: declarar inconstitucional el decreto y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se centraron en los artículos 5 y 6, señalando que la falta de actualización salarial y de becas perjudica el poder adquisitivo y el funcionamiento de las universidades.
En su presentación, argumentaron que el incumplimiento de la ley no solo afecta los ingresos de docentes y no docentes, sino que también vulnera derechos constitucionales relacionados con la educación y la autonomía de las universidades.
Al decidir, el juez Martín Cormick expresó que se debía “admitir la cautelar solicitada”, dejando sin efecto el decreto que suspendía la ley hasta que el Congreso de la Nación defina las fuentes de financiamiento y las partidas necesarias en el presupuesto para implementar dicha ley.